Comenzado el tratamiento legislativo del proyecto del Poder Ejecutivo
Nacional que propicia la baja de la edad de la imputabilidad de los menores de
edad La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires estima
necesario expresar lo siguiente:
1. El poder ejecutivo ha puesto en discusión un proyecto regresivo en
materia de derecho penal juvenil expandiendo el sistema de la pena que hoy
se inicia a los 16 años a otro que llevaría la aplicación de la pena desde los 13.
2. Todos los que trabajamos diariamente en causas penales conocemos la
precaria y violenta respuesta penal del Estado. Aunque salten voces
ocasionales que critican una supuesta “puerta giratoria”, la provincia de
Buenos Aires viene incrementando la cantidad de personas detenidas de
manera exponencial. Basta pensar que en el 2013 el informe del registro
provincial era de 31621 personas y en el últmo publicado (2022) es de 59372.
3. Literalmente no hay a dónde meter gente presa (¿containers? ¿Y
después?). A pesar de que se siguen creando espacios de detención, cada día
hay más detenidos/as, lo que significa personas durmiendo en el piso, a veces
sin baños, sin atención médica, o alimentación insuficiente. Quienes
trabajamos somos responsables de la prisión en la provincia de los que hoy son
más de 60.000 personas y sabemos que la solución propuesta, será más de lo
mismo. Hemos visto este tipo de película muchas veces. No podrá ser distinto
en un contexto de nula inversión de recursos en políticas públicas para la
reconfiguración del sistema de infancia orientado a la promoción y de
protección integral de derechos, respetuoso de nuestra Constitución. La
reforma que se propone es negativa también desde el punto de vista
cualitativo: no solo habrá más penas, habrá también niños presos, pronto
veremos en institutos y centros de contención a chicos y chicas de 13 o 14 años
tras las rejas.
4. Basta pensar en el modelo de seguridad propuesto por el ejecutivo,
inspirado en un país que vivía sometido a una violencia y descontrol que nada
tiene que ver con nuestra realidad. La respuesta en El Salvador ha sido la
suspensión de las garantías constitucionales y una ratio de personas presas que
lo pone en el primer lugar mundial (1086 cada 100.000, casi 300 más que el
segundo), con cientos de personas muertas en contexto de encierro, la
detención arbitraria de miles de menores de edad y denuncias de tortura en
calabozos.
5. ¿No sería mejor presentar a la sociedad concretas políticas públicas de
Infancia y Adolescencia, a los fines de abordar los conflictos sociales que
involucran a los jóvenes? ¿Cuál es, por ejemplo, el programa alimentario que
implementa el Estado para satisfacer las necesidades más elementales de los
niños, niñas y adolescentes en nuestro país? ¿Cuáles son los índices de
deserción escolar y cuáles son las medidas propuestas para promover su
inserción en el sistema educativo? ¿Cuáles son las políticas de salud tendientes
a tratar de manera efectiva las situaciones de consumo problemático de
sustancias tóxicas en los niños y jóvenes? ¿Existen suficientes comunidades
terapéuticas para afrontar esta creciente problemática? ¿Cuáles son los
programas de acompañamiento desplegados de manera continua y efectiva a
través de los Servicios Locales o Zonales de Promoción y de Protección de
Derechos que permitan garantizar la escucha de los niños, niñas y
adolescentes?
6. Las estadísticas de comisión de delitos por parte de menores de edad, no
justifican -en modo alguno- esta modificación legal que aparece como
respuesta a hechos aislados de conmoción pública que alimentan, como
siempre ocurre, una respuesta espasmódica y punitivista. El informe elaborado
por las Direcciones de Producción de Información y de Responsabilidad Penal
Juvenil de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH
de la Provincia de Buenos Aires, surge que: El 2.2 % del total de los delitos
denunciados en PBA durante 2023 le fue imputado a personas menores de
edad. Ese mismo valor en el año 2012 era del 4.3%. Este porcentaje viene con
una tendencia decreciente a lo largo de la última década, lapso en el cual su
promedio fue del 3%. La tasa de denuncias a adolescentes decrece en PBA
mientras aumenta la población bonaerense. Pasa de 183.5 (denuncia/100.000
hab.) en 2012 a 132,8 en 2023. La participación de personas menores de edad
en homicidios consumados también registra una tendencia descendente.
Mientras que en 2014 se denunció la participación de personas menores de
edad en 149 homicidios consumados, en 2022 fueron 61 los hechos de estas
características con imputados menores de edad. También disminuyó la
cantidad de menores de 16 años —no punibles según la ley vigente— privados
de la libertad por homicidios (medidas de seguridad): 77 en 2014 y 29 en 2022.
Por lo demás, el 2.8% del total de las personas que ingresaron a las cárceles
bonaerenses entre 2015 y 2023 registraban un paso anterior por dispositivos
del sistema de responsabilidad penal juvenil.
7. Abordar un tema tan delicado como es la reducción de la edad de
punibilidad con relación a personas vulnerables, quienes por su inmadurez
todavía están en plena etapa de crecimiento y evolución personal, no puede
realizarse de manera simplista, sin tener en cuenta la necesidad de contar con
una legislación racional que sea el producto de una política pública integral,
capaz de dirimir los casos de delincuencia juvenil, con enfoque de derechos,
conforme prevé la Convención sobre los Derechos del Niño; y no adoptando
posturas regresivas que no solo carecen de bases sólidas desde sus
fundamentos principistas y estadísticos, sino que harán incurrir a la República
Argentina en responsabilidad internacional.
8. Por todo lo expuesto, desde La Red de Jueces Penales Bonaerenses
creemos que –para afrontar con eficacia, sin desmedro de garantías, el
acuciante problema de la inseguridad–, no debe invertirse el orden de los
factores. Ampliar la red penal para castigar a niño y niñas, no debería
concebirse como la primera y principal decisión política en la materia. No
existen caminos cortos para responder verdaderamente a las sentidas
demandas ciudadanas de paz social.
9. En lo que hace a los derechos de los niños, niñas y adolescentes no hay
posibilidad de tener un doble estándar: el recurso a la pena juvenil solo debe
ser la respuesta mínima y subsidiaria a una sólida y verdadera política de
promoción y protección integral de derechos. Este debería ser el desafío de
nuestros representantes y dirigentes políticos. De lo contrario, flaco favor
haremos restringiendo o limitando inadecuadamente los ámbitos de libertad
de las personas que, ciertamente, son las más desprotegidas y postergadas de
nuestra comunidad. En un país con un índice de pobreza en alza, con las redes
de contención diezmadas, la reforma cerrará el círculo con un cerrojo de más
represión y niños y niñas encarceladas.
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.
La Plata, 15 de agosto de 2024.
María José Lescano Julio Andrés Grassi
Presidenta Secretario